Todo un Sol para la ley de impunidad

La semana que pasó el presidente Mujica se comprometió a no enviar al Parlamento su planeado proyecto de ley que pondría en prisión domiciliaria a la decena de responsables de delitos de lesa humanidad que la Justicia uruguaya logró encarcelar. Sin embargo, en alianza con varios sectores del Frente Amplio, Mujica se plantó firme en defensa de la ley de impunidad, cerrándole el paso a su anulación por parte del Parlamento. Un tibio rayo de Sol se coló por la ventana del Hotel Domingo Arena.

La ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida por los uruguayos (bueno, por muchos uruguayos) como ley de impunidad, fue votada por el Parlamento de la República Oriental del Uruguay el 22 de diciembre de 1986, mientras en el exterior del Palacio Legislativo la Policía reprimía a miles de personas indignadas con semejante iniciativa.

El artículo 1º de la Ley establece que “ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.”

El artículo 3º dice: “el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro de un plazo máximo de 30 días, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1 de la ley”.

En la práctica eso significó que todos los delitos cometidos por militares y civiles durante la dictadura, fuera o no en el cumplimiento de órdenes superiores, quedaron impunes hasta 2005, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno. Por entonces se comenzó a aplicar el artículo 4º de la ley de impunidad, que obliga al Poder Ejecutivo a investigar todas las denuncias y le otorga la potestad de determinar si el responsable de un delito determinado está amparado por esa norma. El presidente Tabaré Vázquez autorizó la actuación de la Justicia en varios casos, que terminaron en el procesamiento de militares, policías y civiles, hoy cómodamente alojados en un centro de detención especialmente construido para ellos, a excepción del ex dictador Bordaberry, que goza de prisión domiciliaria.

La Ley de Caducidad fue plebiscitada en 1989 y en 2009. El cuerpo electoral rechazó su anulación en ambas oportunidades.

El primer plebiscito fue realizado con ruido de sables como fondo, pues el propio gobierno de la época reclamó el apoyo a la Ley con la excusa de que solo así se evitaría otro golpe de Estado. En 2009 ya nadie temía a los militares. Sin embargo el plebiscito, que coincidió con las elecciones presidenciales, fue marginado por el Frente Amplio, cuyos dirigentes evitaron referirse al tema siempre que les fue posible. No intento proporcionarles excusas a quienes no quisieron rechazar la ley. Tanto en 2009 como en aquel día lluvioso de 1989, todos nos pronunciamos de acuerdo a nuestros principios y valores.   

La norma legal fue severamente cuestionada por varios organismos internacionales, como la OEA y la Organización de las Naciones Unidas por intermedio de su Comisión de Derechos Humanos, que han reclamado insistentemente su anulación, por ser violatoria de acuerdos internacionales suscritos por Uruguay. Ante la inminencia de que la anulación de la Ley de Caducidad sea sometida a la consideración del Parlamento uruguayo, el MPP de José Mujica, el Partido Socialista, Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista se pronunciaron a favor del mantenimiento de la Ley, argumentando que esta ya fue respaldada por dos pronunciamientos populares. El Partido Comunista de Uruguay y el Nuevo Espacio, dispuestos a eliminar la ley de impunidad, quedaron en una triste pero digna minoría. 

Es difícil de comprender que alguien se defina a sí mismo de izquierda al tiempo que asume la defensa de la impunidad para asesinos, violadores, torturadores y secuestradores, con una y mil excusas. Mujica, por ejemplo, el más naiv de los defensores de los torturadores, dice que no le gusta ver viejos presos, pero en los últimos días agregó otra perla, que los torturadores, violadores y asesinos cometieron esos delitos porque estaban sinceramente convencidos de la altura de sus objetivos.

De los jóvenes tiene otra opinión, pues propone que los adictos a la pasta base sean detenidos preventivamente, por ejemplo, para evitar los delitos que eventualmente pudieran cometer en el futuro. Sería otra cuña fascista en nuestro singular Código Penal, martillada en este caso por Pepe Mujica.

Pero la semana pasada el incansable Frente Amplio tuvo tiempo de preocuparse de otras personalidades, en este caso civiles. Mientras algunos de sus más importantes dirigentes expresaban con actuado pesar su imposibilidad de apoyar la anulación de la ley de impunidad, otros, en la Junta Departamental, realizaban una conferencia de prensa en la cual se anunció la inauguración del “Espacio de los Soles”. Se trata de un tramo de la Peatonal Sarandí, entre la Puerta de la Ciudadela y Misiones, en el cual se homenajeará a figuras vivas mediante baldosas de 60x60 cms con su nombre en letras de bronce.

Las primeras baldosas corresponderán a algunas personalidades fallecidas que habían sido propuestas con mucha anterioridad, como Mario Benedetti, Lágrima Ríos e Idea Vilariño. Se suman China Zorrilla, Alcides Ghiggia y Carlos Páez Vilaró.

Por ahora son todos civiles, pero habrá más soles, naturalmente. Tiempo al tiempo.